El primer ministro de Portugal ha anunciado nuevas medidas para el país ante la crisis nacional de la vivienda. Estas van desde poner más casas en el mercado para alquilar hasta reducir los precios medios y ayudar a las familias con bajos ingresos.
Tras este periodo de la llamada consulta pública, el Consejo de Ministros volverá a reunirse y aprobará su versión final del proyecto de ley el 16 de marzo de 2023. Este proyecto de ley seguirá el procedimiento habitual, con debates en comisiones de expertos, solicitud de dictámenes a los interlocutores sociales pertinentes, propuestas de enmiendas mayores o menores de los distintos partidos con escaños parlamentarios y, por último, votación en la Asamblea General. Después de esto, el proyecto de ley debe ser enviado al Presidente de la República, que tiene que aprobar las nuevas leyes.
Por lo tanto, las medidas descritas a continuación aún no han sido aprobadas por el parlamento / Presidente.
Hay una propuesta para que los propietarios alquilen sus viviendas disponibles al Estado durante un periodo de cinco años. A continuación, el Estado subarrendará esas mismas casas a los inquilinos, con lo que básicamente se compromete a pagar siempre el alquiler a los caseros. Por otro lado, cuando se interpongan procedimientos especiales de desahucio ante la Agencia Nacional de la Vivienda (BNA), transcurridos tres meses de impago del alquiler, el Estado sustituirá al inquilino en el pago de las rentas, asumiendo el papel de arrendador para cobrar las cantidades adeudadas.
El Gobierno propone una ayuda directa de hasta 200 euros/mes para familias con una tasa de esfuerzo superior al 35% cuando el alquiler esté dentro de los precios máximos fijados por el IHRU (Instituto de la Propiedad y Rehabilitación Urbana) para cada municipio. Esto se aplica a todos los hogares hasta el sexto tramo del IRS (vea las tablas aquí).
Los nuevos contratos de arrendamiento estarán sujetos a un tope de precios, que se fijará en función de la inflación de los años anteriores, así como del objetivo de inflación a medio plazo del Banco Central Europeo. No obstante, los límites sólo se aplicarán a las viviendas que hayan estado en el mercado durante los últimos cinco años. Para las nuevas, no habrá tope de precios.
Todos los bancos estarán obligados a ofrecer una opción de tipo fijo (tipo de interés específico para toda la duración del préstamo) en los contratos hipotecarios.
Esta medida se aplica únicamente a las hipotecas de hasta 200.000€, contratadas a partir de julio de 2018, en las que la subida del tipo de interés sea tres puntos porcentuales superior al tipo inicialmente utilizado. La bonificación será del 50% del importe que supere los tres puntos porcentuales de incremento del tipo de interés.
Con la excepción de las viviendas rurales en el regiones interiores, se prohibirá la expedición de nuevas licencias de Alojamento Local. Si los propietarios de AL existentes las ponen en el mercado de alquiler, estarán exentos de tributación por los ingresos inmobiliarios obtenidos hasta 2030. Si optan por continuar como AL, tendrán que pagar una tasa extraordinaria al IHRU.
El Estado podrá alquilar obligatoriamente viviendas vacías mediante arrendamiento por entidades públicas -con el respectivo pago de renta- para su posterior subarrendamiento a la población. Los propietarios que vendan casas al Estado o a sus respectivos ayuntamientos también se beneficiarán de la exención fiscal sobre las plusvalías.
La ley considera casa desocupada («casa devoluta») un inmueble residencial situado en un núcleo urbano que lleva más de un año desocupado. Signos de una propiedad desocupada son, por ejemplo, la inexistencia de contratos con las compañías de suministro de agua, gas y electricidad.
Algunas excepciones son:
El Gobierno no concederá nuevos Visados de Oro. Además, la renovación de los visados actuales (que se produce cada dos años) sólo se producirá si la vivienda está registrada como residencia oficial del propietario o si está siendo alquilada (con un contrato de arrendamiento no inferior a 5 años). No se han abordado cambios en el resto de programas de inmigración (D7, D3, o Visa Nómada Digital), pero si se aprueban algunas de las medidas mencionadas anteriormente, es necesario hacer una modificación formal de la ley vigente y esto podría dar lugar a una nueva redacción con impacto también en los llamados permisos de residencia estándar.
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